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El expediente administrativo electrónico.Del papel 0 al cuasi 0.

Podríamos decir que la escritura y el papel han ido unidos de la mano desde siempre y que fue en el Antiguo Egipto, con el papiro, donde comenzaron a utilizarse ciertos materiales vegetales como soporte para la escritura.

Probablemente podríamos estar ante uno de los inventos –el papel- del que más ha dependido y depende el ser humano, pues en él se dejaba y se continúa dejando constancia o fe de nuestros actos que nos ha permitido conocer nuestra historia y escribir nuestro presente, sin olvidar que también gracias a dicho invento se efectuaron y se efectúan, los pagos de la mayoría de transacciones que realizamos a diario.

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Requisitos de la indemnización por daños causado por la Administración Pública a tenor de las nuevas disposiciones administrativas

Es posible que a muchos de los lectores de este blog le suene la Ley 30/1992 y el Real Decreto 429/1993. Ambos textos solían utilizarse en general para exigir una eventual responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y en particular cuando los particulares sufrieran una lesión en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que ésta fuese consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; ambos textos fueron derogados con efecto desde el 2 de octubre de 2016 en el que entraron en vigor, por un lado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  (en adelante LPAC) y por otro lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP).

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Principios de defensa y audiencia en el Procedimiento Administrativo Sancionador. El trámite de audiencia

El ciudadano, por lo general, suele apelar en multitud de ocasiones al desconocimiento de las normas y al desconocimiento de sus derechos para a renglón seguido decir no estar conforme con tal o cual resolución administrativa que para el caso que vamos a exponer a continuación va a tomar la forma de denuncia o multa de tráfico.

Pero casi todos y todas oyeron alguna vez aquél artº 6 del Código Civil  que dice que “La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”.

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El Acuerdo del Botánico y el Plan de Rescate Ciudadano se ponen en marcha en la Administración Valenciana

El pasado jueves, 24 de noviembre de 2016 entró en vigor la Ley 9/2016, de 28 de octubre, de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunidad Valenciana (en adelante PEC), texto breve, con tan sólo 7 artículos, 3 Disposiciones Adicionales y 3 Disposiciones Finales, que viene a emular, por su extensión al compromiso político bautizado como “Acuerdo del Botánico”, lleno de promesas y gastos, en una de las Comunidades Autónomas, la Valenciana, con más problemas de deuda (casi 4000 millones de euros) y un déficit en torno a 85 millones de euros.

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LÍMITES JURÍDICOS DE LA DISCRECIONALIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 

Antes de analizar los límites jurídicos a la discrecionalidad de las Administraciones públicas, es conveniente hacer un breve resumen del contexto en el que se enmarca esta nueva figura del derecho administrativo “la discrecionalidad”.

Así para hablar de discrecionalidad debemos retrotraernos primero a lo que son las potestades administrativas y en este sentido definirlas como aquellas prerrogativas de las que están investidas las Administraciones públicas, por la ley, y que les facultan para realizar fines de interés general o público. De esta forma, como podemos apreciar, las potestades administrativas están sujetas al principio de legalidad, cuyos fines lo constituyen el interés general o público y en ningún caso el particular o privado.

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