0

Requisitos de la indemnización por daños causado por la Administración Pública a tenor de las nuevas disposiciones administrativas

Es posible que a muchos de los lectores de este blog le suene la Ley 30/1992 y el Real Decreto 429/1993. Ambos textos solían utilizarse en general para exigir una eventual responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y en particular cuando los particulares sufrieran una lesión en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que ésta fuese consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; ambos textos fueron derogados con efecto desde el 2 de octubre de 2016 en el que entraron en vigor, por un lado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  (en adelante LPAC) y por otro lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP).

Leer más

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies