Competencia territorial en procesos matrimoniales y declaración de rebeldía

Don Manuel formuló demanda en procedimiento de guarda y custodia respecto de la menor Esther, nacida de su relación con Doña Sofía que actualmente convive con dicha menor en Coria del Río (Sevilla). La demanda se presenta en Arona (Tenerife), donde los progenitores tuvieron el último domicilio común ya que en el Convenio firmado por demandante y demandada existía una cláusula de sumisión expresa a los Tribunales de Arona.

Al ser emplazada Doña Sofía presenta un escrito ante el Juzgado que practicó la diligencia para su remisión a Arona interponiendo la declinatoria por estimar competente territorialmente los Juzgados de Coria del Río, en base al artículo 769.3º LEC, que establece que para el caso de residir los progenitores en distintos partidos judiciales, dispone que será competente, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor.

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La Sociedad de Gananciales y el primer desembolso.

En el presente artículo vamos a intentar resolver las dudas que pudieran existir en torno al tantas veces polémico régimen económico matrimonial y la disyuntiva entre el carácter privativo o ganancial de los bienes que poseen y disfrutan los cónyuges, constante el matrimonio. Para ello vamos a suponer que un matrimonio ingresa periódicamente una cantidad de dinero en la cuenta corriente de su hija y su yerno, los cuales están en régimen de gananciales. Cada vez que se efectúan los citados ingresos los progenitores ponían en el asunto de la transferencia “a favor de mi hija”. Pero, como no podía ser de otro modo, el dinero es usado por la pareja a discreción y en ocasiones invirtiendo en otros bienes. Pues bien, en este contexto, adquieren un coche que es puesto a nombre del yerno y se financió y pago de la cuenta conjunta del matrimonio, donde se estaban haciendo las transferencias. No obstante la primera aportación lo fue con dinero ganancial.

Así tenemos un bien adquirido constante la sociedad de gananciales y vemos como el artículo 1356 del Código Civil (en adelante CC) nos aporta una primera solución disponiendo que “los bienes adquiridos por uno de los cónyuges, constante la sociedad por precio aplazado, tendrán naturaleza ganancial si el primer desembolso tuviera tal carácter, aunque los plazos restantes se satisfagan con dinero privativo. Si el primer desembolso tuviere carácter privativo, el bien será de esta naturaleza”.

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Nueva moratoria de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y disposiciones en vigor para el próximo 15 de octubre

Lo que ocurre cuando se legisla y no se tiene todo bien amarrado es lo que le ha pasado a la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil que de nuevo ve prorrogada su entrada en vigor, esta vez por Ley 19/2015, de 13 de julio y para el 30 de junio de 2017.

Esta nueva disposición pone en marcha un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y la tramitación electrónica desde los centros sanitarios de los nacimientos y defunciones.

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PROPOSICIÓN DE PRUEBA PERICIAL EN EL ACTO DE LA VISTA DE UN JUICIO VERBAL

La prueba pericial es sin lugar a duda la regina probarum cuando para resolver un litigio resulta necesario atender a aspectos técnicos relativos al fondo del asunto y que escapan al iura novit curia.

No podemos pasar por alto el objeto del dictamen de peritos al decir del artículo 335 LEC “cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos (…)”.

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Llego el verano y las Juntas de Propietarios. Los Estatutos y las Normas de régimen interior

Que el verano está aquí es evidente ¿verdad? y que algunos de ustedes piensen que ya queda menos para que acabe también puede serlo ¿no?, pero de lo que casi no cabe dudas es de que en estas fechas estivales casi todos vamos a tener que acudir a esas reuniones de vecinos y vecinas para informe de nuestra Junta Directiva, para la aprobación de cuentas del ejercicio pasado y del presupuesto de gastos para el ejercicio que viene y como punto también casi ineludible a tratar en tercer lugar la propuesta de acciones judiciales en contra de los propietarios deudores –morosos-.

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