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Principios de defensa y audiencia en el Procedimiento Administrativo Sancionador. El trámite de audiencia

El ciudadano, por lo general, suele apelar en multitud de ocasiones al desconocimiento de las normas y al desconocimiento de sus derechos para a renglón seguido decir no estar conforme con tal o cual resolución administrativa que para el caso que vamos a exponer a continuación va a tomar la forma de denuncia o multa de tráfico.

Pero casi todos y todas oyeron alguna vez aquél artº 6 del Código Civil  que dice que “La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”.

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El Acuerdo del Botánico y el Plan de Rescate Ciudadano se ponen en marcha en la Administración Valenciana

El pasado jueves, 24 de noviembre de 2016 entró en vigor la Ley 9/2016, de 28 de octubre, de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunidad Valenciana (en adelante PEC), texto breve, con tan sólo 7 artículos, 3 Disposiciones Adicionales y 3 Disposiciones Finales, que viene a emular, por su extensión al compromiso político bautizado como “Acuerdo del Botánico”, lleno de promesas y gastos, en una de las Comunidades Autónomas, la Valenciana, con más problemas de deuda (casi 4000 millones de euros) y un déficit en torno a 85 millones de euros.

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LÍMITES JURÍDICOS DE LA DISCRECIONALIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 

Antes de analizar los límites jurídicos a la discrecionalidad de las Administraciones públicas, es conveniente hacer un breve resumen del contexto en el que se enmarca esta nueva figura del derecho administrativo “la discrecionalidad”.

Así para hablar de discrecionalidad debemos retrotraernos primero a lo que son las potestades administrativas y en este sentido definirlas como aquellas prerrogativas de las que están investidas las Administraciones públicas, por la ley, y que les facultan para realizar fines de interés general o público. De esta forma, como podemos apreciar, las potestades administrativas están sujetas al principio de legalidad, cuyos fines lo constituyen el interés general o público y en ningún caso el particular o privado.

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LA EXTENSIÓN A TERCEROS DE LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA FIRME

El artículo 110 de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante LRJCA) reconoce la posibilidad de extender (en ejecución de sentencia), los efectos de una sentencia firme que reconozca una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas, siempre que la materia sobre la que verse sean tributaria o de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado, así como en los casos de suspensión de la tramitación de procesos análogos a otros que se transmiten con preferencia, y precisamente con la finalidad de extender después los efectos de la sentencia a aquellos retenidos en su curso procesal.

No obstante deben darse los siguientes presupuestos: que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo; que el juez o tribunal sentenciador fuere también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada; y que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a éste.

La eliminación del trámite administrativo previo a la solicitud de extensión de efectos de sentencia firme por la Ley Orgánica 19/2003 (en vigor desde el 1 de enero de 2004), toda vez que se exigía que el interesado acudiera en primer lugar y  antes que al Juez o Tribunal de la ejecución, a la Administración demandada, me suscita una cuestión de enorme interés en  orden al apartado c) del artículo 110.5 LRJCA donde vemos que el incidente, como consecuencia de que el interesado ha iniciado un procedimiento administrativo contra la Administración pública, en materia de personal o tributaria, y habiendo recaído resolución (expresa o tácita) y causado estado, esto es devenido firme por no haber promovido el correspondiente recurso contencioso administrativo, puede ser desestimado.

Así la LO 19/2003 introdujo en la LJCA la exigencia de no haber consentido el acto, denegando la extensión si se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, fuere consentida por el interesado y firme por no haber promovido recurso contencioso-administrativo.

Pero, ¿qué decir de los actos consentidos como consecuencia de la inactividad de la Administración pública, esto es, de no haber resuelto de forma expresa los recursos que ante ella se hubieran planteado?. A todas luces parecería injusto que teniendo la Administración la obligación de resolver en todo caso los procedimientos que se dirimieran contra ella, así como a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación a las partes interesadas, no obstante su pasividad (resolución presunta por silencio administrativo), devenga en cosa juzgada y por ende la imposibilidad de poder solicitar la extensión de efectos de una sentencia firme que reconozca una situación jurídica individualizada a favor del interesado, por efectos del citado artículo 110.5 apartado c) LRJCA.

Pues bien en este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia 220/2003, de 15 de diciembre y que en síntesis viene a decir lo siguiente:

Que se estima el recurso de amparo promovido por la mercantil, al haber sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE  pues en atención al incumplimiento por parte del ente local de su obligación legal de resolver de forma expresa el recurso de reposición interpuesto, ha supuesto que la Administración se beneficiara de su propia irregularidad y no puede calificarse de razonable una interpretación que prime los defectos de la actuación de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de notificar con todos los requisitos legales.

Para ver esta sentencia pueden hacer click en el siguiente enlace:

STC 220/2003, de 15 de diciembre

La segunda modalidad de la extensión de efectos de una sentencia tiene lugar cuando los terceros están ya en el proceso y han sufrido la suspensión de la tramitación de su recurso a la espera de la resolución de otros con idénticos objeto. En ese caso los recurrentes afectados por la suspensión podrán interesar del Juez o Tribunal de la ejecución que extienda a su favor los efectos de la sentencia o sentencias firmes recaídas en los recursos resueltos (arts. 37.2 y 111 LRJCA).

Así en la LRJCA ya no es sólo posible extender los efectos de las sentencias meramente anulatorias (artículo 72.2) sino también de aquellas otras que reconocen derechos a favor de los litigantes.

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FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CAPÍTULO TERCERO.

Con este tercer post “La terminación del procedimiento”, Derechoporlavida.com da por finalizado las fases del procedimiento administrativo, que no obstante el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRPAC) las recoge en cuatro capítulos, he considerado oportuno abarcarlo en tres capítulos y que en síntesis reproducen y significan los verdaderos ejes que elaboran el procedimiento común, entendiendo el capítulo II de la LRPAC como meros principios programáticos de ordenación del procedimiento administrativo, al margen de los principios generales enunciados en el artículo 3 LRPAC (no por ello exentos de importancia).

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