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ALEGACIONES PREVIAS SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO

El Préambulo 5º de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil vino a reformar el procedimiento monitorio, que como sabemos es un proceso especial en virtud del cual acude una persona en reclamación de unas cantidades dinerarias adeudas por otra y reflejada en un documento con buena apariencia jurídica de la deuda, con la particularidad de que la deuda debe estar vencida, debe ser determinada o líquida y exigible.

En un primer recorrido por los cambios legislativos de este procedimiento desde el inicio de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000, diremos que en la versión originaria del procedimiento monitorio una primera traba fue la de limitar el importe de las cantidades a reclamar en el citado procedimiento. Entendía el legislador que sin este escollo, el procedimiento monitorio sería usado con abuso por el justiciable, en detrimento de los procesos declarativos y podría congestionar el sistema judicial. De este modo y en aquél entonces, al procedimiento monitorio sólo se podía acudir en reclamación de deudas que fueran inferior a los 5.000.000 ptas, esto es, 30.000 euros.

Posteriormente mediante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, se modificó el citado precepto y elevó la cuantía vedada al citado procedimiento a 250.000 euros, dando así más cobertura a los eventuales acreedores y evitando acudir al procedimiento declarativo contradictorio, con la consiguiente descarga de trabajo de los Juzgados, al tiempo de poder conseguir de una manera rápida y eficaz, en caso de impago del deudor requerido y su no oposición, de un título judicial ejecutable de la deuda.

No obstante la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal viene a dar una nueva vuelta de tuercas al límite cuantitativo para acceder al procedimiento monitorio, equiparándolo al proceso monitorio europeo, y permitiendo acceder al mismo cualquiera que sea la cuantía.

Como vemos, ha hecho falta 10 años para que el legislador español se diera cuenta de la importancia del procedimiento, aunque hay que decir que tampoco es que fuera una iniciativa nacional, como veremos, pero que en cualquier caso nos viene a significar, una vez más, que nuestra legislación dista de la europea, más garantista y pro consumatore.

Pues bien, a partir de 2015 el procedimiento monitorio, al igual que otros muchos procedimientos en Derecho español, van a ser fruto de una reforma exigida por el TJUE, y según la sentencia de 14 de junio de 2012, en el asunto Banco Español de Crédito, C-618-10 se trató de adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, que casi todo el mundo conoce ya, a día de hoy, como la Directiva de cláusulas abusivas.

Sinceramente he de decir que cuando uno lee en el preámbulo de una ley española, que una institución europea de la máxima importancia como el Tribunal de Justicia dice que la normativa española no es acorde con el derecho de la Unión Europea, a uno se le pone los pelos como escarpias.

Lo primero que pienso es, “bueno si tal ley no es acorde con el derecho de la unión europea, ¿quiere ello decir que se ha estado haciendo las cosas mal, con dicha ley en vigor? Entonces ¿podría deshacerse lo mal hecho o dejar sin efecto lo que se hizo aplicando dicha norma, que no es acorde con las que nos hemos dado en el marco de la Unión?”.

Como respuesta a estas preguntas, lo primero que pienso es que si quod nullum est nullum producit effectum, entonces, ¿cómo deshacer los efectos producidos bajo una norma que no era acorde con el derecho europeo? Y digo que no era acorde con el derecho europeo y no que era ilegal porque ciertamente la norma sí era legal pero el problema al que nos enfrentamos es que, planteada una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, el mismo interpreta que dicha norma no es acorde con las europeas y se pronuncia en uno u otro sentido y fundamentalmente en relación con los efectos que la citada norma debe producir, siendo el legislador nacional el que deberá legislar para que dicha norma sea acorde con las directivas europeas. Pero, ¿hasta entonces?

Pues precisamente esto es lo que ocurrió en 2012 en el caso del Banco Español de Crédito, en el que el TJUE vino a decirnos que nuestro procedimiento monitorio no permitía que el Juez de Instancia se pronunciase sobre el carácter abusivo de algunas cláusulas de un contrato celebrado entre un empresario/ profesional y un consumidor/usuario, cuando este último no haya formulado oposición.

Pues bien, si nos fijamos en el citado Preámbulo de la Ley 42/2015, ya el legislador nos indica que el Juez, previo al requerimiento de pago al deudor por el Letrado de Administración de Justicia (antes Secretario Judicial), controlará la existencia de cláusulas abusivas que sean fundamento de la petición y, en su caso, deberá dar audiencia a las partes, para que se pronuncien sobre las mismas; en base a dichas alegaciones el Juez resolverá por Auto, que deberá ser igualmente notificado a las partes y recurribles en apelación por plazo de 20 días.

Una particularidad respecto a este trámite previo de alegaciones sobre el carácter de cláusulas abusivas, previo como hemos dicho al requerimiento de pago al deudor, es que no es preceptiva ni la intervención de abogado ni de procurador.

Pero normalmente, hay que decir, la inmensa mayoría de reclamaciones, efectuadas por empresarios o profesionales frente a consumidores/usuarios -aquéllos, a buen seguro, con más poder económico que éstos- vienen dirigidas y rubricadas por un abogado/a, los cuales van a ser quienes efectúen dichas alegaciones previas sobre cláusulas abusivas.

Cierto que la ley establece que para las reclamaciones de este tipo, cuya cuantía no exceda de 2000 euros, no es preceptiva ni la asistencia letrada ni la representación mediante procurador, pero entiendo que en estos caso, sobre cláusulas abusivas y en una fase antes del requerimiento de pago y eventual oposición del deudor se debería de poner, al menos, de manifiesto al consumidor/ usuario demandado el hecho de que la otra parte sí viene defendida por abogado para que éste, si a su derecho conviene, solicite asistencia jurídica gratuita, incluso en el trámite previo a efectuar la eventual oposición al monitorio, o en su caso, contratar directamente los servicios de un letrado/a para que efectúe esas mismas alegaciones previas y posteriormente, si procede, despache la oportuna oposición al monitorio. De este modo, ab initio del procedimiento, ambas partes concurren en igualdad de armas, fundamental para que el procedimiento no ocasione indefensión a la parte más débil, por lo general, la que tiene menos recursos o ningunos para litigar.

Como decíamos, dichas alegaciones previas a las eventuales cláusulas abusivas insertas en un contrato entre empresario/profesional y consumidor/usuario y que son fundamento de la reclamación que se efectúa a través del citado procedimiento monitorio, se van a resolver a través de AUTO, por el Juez de Instancia, que será recurrible ante la segunda instancia, y en el que ya sí será preceptiva la asistencia letrada y de procurador.

Sinceramente no logro entender por qué, en los últimos tiempos, el legislador español debe legislar a golpe de resoluciones del TJUE, como si en nuestro país se legislara siempre con la cautela de no perjudicar a los más poderosos, pero en cambio descuidando los derechos de los más vulnerables. Una prueba de ello es la que venimos a explicitar en este blog y como decíamos desde el toque de atención en 2012, con la oportuna reforma legislativa en 2015 y con una norma que llevaba en vigor en nuestro país desde el año 2000. Es decir, hemos estado 15 años con una norma que no se adecuaba a las directrices europeas, que son normas cuya primacía está por encima de las nacionales, pero que como vemos, el legislador nacional legisla a espaldas de ellas.

No obstante lo que dice el preámbulo y el propio artículo 815.4 de la LEC es que se “dará audiencia por cinco días a las partes”, pero lo cierto es que vengo en observar, en distintas resoluciones judiciales, que la citada audiencia sólo lo es a una de las partes, esto es, a la parte actora o demandante y no al consumidor o usuario demandado.

Sinceramente no logro entender cuál es el motivo o razón para tal ausencia de audiencia a la parte demandada, que obviamente es parte en el procedimiento, aunque el requerimiento de pago y la admisión de la petición inicial quede en suspenso a resultas de las citadas alegaciones.

Como decía, en mi opinión y desde el mismo instante en que se le notifica al deudor la PROVIDENCIA en virtud de la cual ha de pronunciarse sobre la existencia de cláusulas abusivas en el contrato, debe o debería solicitar asistencia jurídica gratuita, con suspensión del plazo para alegaciones; de este modo el consumidor/ usuario demandado podrá concurrir e igualdad de condiciones que el peticionario, que como decía, a buen seguro vendrá defendido por Letrado/a.

Llegados a este punto, entiendo que ante esta eventual irregularidad procesal, de no dar audiencia al consumidor/usuario demandado, en esta fase de alegaciones, se debería plantear la nulidad de actuaciones al amparo de los artículos 238.3 de la LOPJ y 225.3 y ss de la LEC.

Pero a más, también en ocasiones nos encontramos con el hecho de que no se notifica al consumidor/usuario demandado, en tiempo y forma, el AUTO por el que se resuelven las citadas alegaciones previas, vulnerándose con ello, doblemente, los derechos de defensa de la demandada, al no poder recurrir el citado auto.

Quizás el procedimiento monitorio, parezca en estos momentos se desvirtualiza con todas estas reformas legislativas pro consumatore, pero lo cierto y verdad es que fue el legislador nacional el que comenzó por poner trabas a este procedimiento limitando la cuantía de reclamación y ahora de un proceso especial parece nos encontramos frente a otro declarativo especial por razón de la materia, en la que buena parte de las reclamaciones se efectúan por un empresario/ profesional frente a un consumidor/usuario. En este sentido, no podemos obviar toda la legislación pro consumidor que no sólo en el marco de la Unión Europea sino también en la nacional, se ha ido tejiendo en los últimos años, en aras de salvaguardar los intereses y derechos de la parte más débil en un contrato.

Tal vez, en mi opinión, si ab initio del procedimiento, el Juez se encuentra con cláusulas abusivas y tras dar audiencia a las partes, a ambas, por cinco días para que se pronuncien sobre ellas, en lugar de continuar el procedimiento por los cauces del monitorio, se debería archivar el mismo con condena en costas a la actora y acudir al procedimiento declarativo correspondiente, donde discutirse con mejores garantías todas las eventuales cláusulas abusivas de las que se nutre el contrato y que son fundamento de las cantidades reclamadas, sin los efectos de cosa juzgada.

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El monitorio notarial o reclamación de deudas dinerarias no contradichas

                La Disposición Final 11.1 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, modificó la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, para introducir el llamado, vulgarmente, monitorio notarial.

                Sin duda uno de los objetivos que se marcó esta Ley de Jurisdicción Voluntaria fue la de articular mecanismos de solución sencillos, efectivos y adecuados a la realidad social de la época que una ley que derogó en buena parte la decimonónica de 1881 y que entre sus objetivos se marca el de aliviar la carga Jurisdiccional, estableciendo nuevas competencias a los Secretarios Judiciales, ahora Letrados de la Administración de Justicia y a los Notarios.

                Dentro de las competencias notariales, se introduce en la Ley del Notariado un nuevo procedimiento de reclamación de deudas siguiendo la técnica del Reglamento comunitario nº 805/2004, que establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados y que en nuestro caso se ha venido a denominar de reclamación de deudas dinerarias no contradichas, que finalmente y como veremos vendrá a constituirse en título ejecutivo ex art. 517.2.9 LEC, una vez se cierre el acta notarial sin que el deudor requerido pague o se oponga.

                En primer lugar hemos decir que no todas las deudas podrán reclamarse a través del Notario, sino sólo las civiles y mercantiles. Eso sí, al igual que el procedimiento monitorio actual, no existe límite de cuantía y de forma idéntica al monitorio, la deuda habrá de ser líquida, determinada, vencida y exigible. Recordamos en este punto que originalmente la LEC establecía como cantidad máxima a reclamar en este procedimiento la de 30.000 euros; posteriormente esta cantidad fue elevada significativamente a 250.000 euros por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de manera que cupiese dentro del mismo el mayor número de reclamaciones de deudas posibles, contribuyendo en buena medida a agilizar el cobro de deudas determinadas; finalmente este límite cuantitativo fue suprimido por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

                Por cantidad líquida, conforme al art. 572 LEC debemos entender toda aquella cantidad de dinero determinada y que se exprese en el título con letras, cifras o guarismos comprensibles.

                Por otro lado, la deuda habrá de venir reconocida y acreditada en un documento que a criterio del Notario sea indubitado. Y así mismo, en dicho documento deberá venir desglosado, el principal de la deuda y sus correspondientes intereses.

En este sentido, hemos de traer a colación el AAP de Madrid de 10 de enero de 2013, en virtud del cual, no es posible reclamar en este procedimiento una cantidad en concepto de principal, determinada, vencida y exigible más los correspondientes intereses y costas, pues estas últimas cantidades no son determinadas.

                Respecto al documento en que se acredite la deuda, hemos de decir que no existe un numerus clausus, sino que el mismo ha de ser de buena apariencia jurídica (fumus boni iuris); a modo de ejemplo tendríamos las deudas acreditadas en facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax etc..; tampoco el documento ha de venir expresado en soporte papel, sino que podrá serlo en cualquier formato, como por ejemplo el electrónico.

                No obstante, la ley prevé unos supuestos en los que no podrá utilizarse el requerimiento notarial para exigir el pago de una deuda. Así pues, no podremos reclamar deudas que se funden en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, básicamente porque en dicho contrato pudieran existir cláusulas abusivas que hubieran dado lugar a la deuda reclamada y éstas sólo podrían ser apreciadas por un Juez. Tampoco las dimanantes de la Ley de Propiedad Horizontal, como reclamaciones a morosos, ni las deudas de alimentos ni aquéllas en las que se encuentren concernidas una Administración Pública.

                En este tipo de procedimiento, hemos de tener en cuenta al menos 3 fases:

                Una primera, sería la del requerimiento propiamente dicho que hacemos en la Notaría donde el deudor tiene su residencia.

                Una segunda fase, sería la de efectuar el propio requerimiento el Notario en la persona del deudor o empleado, familiar o persona que conviva con él, siempre que sea mayor de edad. El plazo para que el deudor pague al requirente será de 20 días hábiles.

                Una tercera fase, será la de contestación al requerimiento y en su caso rechazo o no pago.

                Respecto a las deudas que vengan reflejadas en un documento en moneda extranjera, entiendo que a falta de regulación expresa en la Ley del Notariado también podrá reclamarse en este procedimiento atendiendo a lo preceptuado en el art. 577 LEC acerca de la ejecución dineraria, siempre que al menos se trate de la conversión de una moneda que admita cotización oficial y que la obligación de pago en dicha moneda esté autorizado administrativamente.

                Por otro lado y respecto de cantidades reclamadas en aplicación de una cláusula de vencimiento anticipado, la jurisprudencia considera que la cantidad ha de considerarse vencida y exigible cuando así se desprenda de los documentos aportados, sin perjuicio de la oposición del deudor (SAP Madrid 25/10/2012 y 14/1/2013) y además debemos tener en cuenta que en este procedimiento notarial, no es de aplicación para los supuestos de deudas entre empresario o profesional y consumidor o usuario, por lo que no será de aplicación el TRLGDCU de 2007 y por consiguiente el control sobre cláusulas abusivas al que hemos hecho referencia anteriormente.

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El “ius repraesentationis” o derecho de representación en la sucesión intestada

Los artículos 924 y siguientes del Código Civil nos hablan del derecho de representación y así lo conceptúa como aquél derecho que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar.

Es oportuno decir que el artículo 924 y ss. CC se encuentran dentro de la Sección 3ª del Capítulo III “De la sucesión intestada”, del Título III “De las sucesiones, por lo que en principio hemos de entender que este derecho sólo se da dentro de la sucesión intestada.

Por otro lado, otro aspecto al que deberemos atender será el de que el derecho de representación siempre tendrá lugar en la línea recta descendente, pero nunca en la ascendente y en la línea colateral sólo tendrá lugar en favor de los hijos de hermanos, bien sean de doble vínculo, bien de un solo lado.

Además siempre que se herede por representación, la división de la herencia se hará por estirpes, de modo que el representante o representantes no hereden más de lo que heredaría su representado, si viviera. Quedando hijos de uno o más hermanos del difunto, heredarán a éste por representación si concurren con sus tíos, pero si concurren solos, heredarán por partes iguales.

Y por otro lado no se pierde el derecho de representar a una persona por haber renunciado su herencia y no podrá representarse a una persona viva sino en los casos de desheredación o incapacidad.

De este modo, vemos como en la sucesión intestada, es posible la modificación del principio de proximidad de grado, en la que en las herencias el pariente más próximo excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar ex art. 921 CC y según los presupuestos anteriormente vistos.

Cuando hablamos de la división de la herencia por estirpes hemos de concluir en primer lugar cuál es el significado de estirpes y así conforme a nuestro Diccionario de la RAE estirpe es la raíz y tronco de una familia o linaje. Y si concluimos con la tercera acepción del término vemos que estirpes, en una sucesión hereditaria, es el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y cuyo lugar toma.

Por el contrario cuando hablamos de la división de la herencia por cabezas, hemos de tener en cuenta que los sucesores lo son en la misma línea ex art. 939 CC y 941 CC.

Pero creo, que en este caso, con un ejemplo lo veremos mejor:

Supongamos que un señor A tiene 4 hijos, B, C, D y E. A fallece sin testamento y sus 4 hijos le heredarían abintestato ex art. 930 CC. Pero antes de la aceptación y división de la herencia B fallece dejando 3 hijos, B1, B2 y B3. En este caso los llamados a la herencia de A serán los hijos que aún viven, C, D y E y los nietos B1, B2 y B3. En el caso de los hijos heredarán por cabeza (misma línea) en cambio los nietos lo harán por estirpe. A la hora de la división y repartición de la herencia, vemos que A tenía un piso valorado en 80.000 euros, por lo que a cada hijo le corresponderá 20.000 euros y a los 3 nietos 6.666,66 euros (20.000 / 3).

Hemos de recordar en este momento cuanto hemos visto al inicio de este post y es que el derecho de representación siempre tendrá lugar en la línea recta descendente, nunca en la ascendente y en la colateral sólo a favor de los hijos de hermanos, bien sean de doble vínculo o de uno solo.

Esta otra cuestión del doble vínculo o vínculo sencillo es fácil de entender. En el caso de hermanos de doble vínculo, nos referimos a aquéllos cuyos padre y madre son los mismos. Podría darse el caso de hermanos que sólo lo fueran respecto de uno sólo de los progenitores, vínculo sencillo. No obstante y para nuestro caso, es indiferente que los hermanos lo sean de doble vínculo o sencillo, para que puedan concurrir a la herencia los nietos en representación del hermano/ padre fallecido.

Por otro lado, si en el ejemplo que acabamos de ver, uno de los hijos hubiera sido desheredado por su padre, este hecho no hubiera impedido que el nieto B1, por ejemplo, hubiera podido heredar a su padre por representación en la herencia de su abuelo.

Por último, si suponemos que uno de los hijos renunciara a la herencia, por ejemplo C, entonces su parte acrecería a los demás. De tal modo que como hemos visto cada uno de los nietos recibía 6.666 euros, y C, D y E 20.000 euros respectivamente. Al renunciar C a la herencia, su parte 20.000 euros acrecerá a los demás ex art. 922, 926 y 933 CC, de modo que cada uno de los nietos percibirá 2.222 euros más, total 8.888 euros y sus tíos D y E, 26.666 euros respectivamente.

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Factores Influyentes en la Conducta Agresiva de Menores

El principal factor, aunque no el único, que influye en la presencia de una conducta agresiva es el sociocultural del menor porque de ese medio sociocultural dependen los procesos de reforzamiento que presenta y los modelos a que ha sido expuesto.

Si el menor ha estado inmerso en modelos en los que abundaba la agresividad, es muy probable que presente con posterioridad las mismas actitudes agresivas del modelo.

¿Y cuál es el merdio sociocultural donde está inmerso el niño o joven? Evidentemente, es la familia y es allí donde pueden establecerse y reforzarse las conductas agresivas.

El menor llega a aprender que la agresividad puede reportarle beneficios y utilidades, a partir de ese momento ejerce su agresividad probando los límites de resistencia de su entorno frente a esa actitud agresiva.

Dentro de la familia, además de los refuerzos y modelos, el tipo de disciplina al que se someta al menor es responsable de la conducta agresiva. Por ello es por lo que un menor agresivo, probablemente sea producto de una familia que controla las conductas agresivamente, mediante el dolor y el castigo físico.

También los padres que por sistema actúan hostilmente hacia la familia, desaprobando y rechazando continuamente a los hijos, escatimando la comprensión y el afecto, tienden a emplear el castigo físico. Además no suele razonar acerca del uso de su autoridad y puede usar la agresividad mediante medios no físicos como el insulto, la comparación despectiva o el menos precio.

Este cóctel de situaciones acaba por provocar en los hijos la agresividad, la irresponsabilidad y la rebeldía.

Por otra parte, en el otro extremo, las actitudes disciplinarias en el hogar poco exisgentes y demasiado relajadas, aunadas estas con actitudes hostiles entre padres fomenta las actitudes agresivas en los hijos. Hablamos en este caso de padres que acceden siempre a lo que el niño quiere, consintiendo sus exigencias, otorgándole una gran cantidad de libertad que puede llegar incluso a situaciones de dejadez, abandono y descuido.

Otro de los factores relacionados con el ambiente familiar es el comportamiento incongruente de los padres, o bien entre ellos, prohibiendo uno algo y autorizándolo el otro o bien, y sobre todo, desaprobando los padres la actitud agresiva incipiente pero reprimiéndola a través de la amenaza o incluso el castigo físico y la violencia. Es evidente que aquella familia que reprende con medios no físicos reduce la probabilidad de introducir en su seno los comportamientos agresivos de los hijos.

Pero este comportamiento incongruente y errático de los padres puede no darse solo respecto a las instrucciones sino también a nivel del mismo comportamiento.

Así, puede ser que el comportamiento agresivo sea castigado por los padres unas veces sí y otras no o, unos padres reprenda la agresividad y el otro la tolere. Esto provoca que el niño o joven se desoriente sin saber qué es permisible y qué no lo es. Ocurre también cuando se reprende la actitud agresiva intrafamiliar pero se tolera e incluso se alienta dicha actitud referida a terceros ajenos al núcleo familiar.

Por otro lado, también puede provocar actuaciones agresivas los propios padres cuando entre ellos hay tensiones evidentes.

Otro factor desencadenante reside en prohibiciones no razonables impuestas a los hijos. Es el caso típico del “eso no se hace”, “porque lo digo yo”, etc., actuaciones que se convierten en una presión que puede derivar en actitudes agresivas por parte del niño o del joven.

En definitiva, en lo que respecta al ambiente familiar, la tolerancia acompañada de refuerzos encaminados a hacer ver que la agresividad no es una estrategia que desemboque en obtener beneficios, la reprensión firme pero a la vez pacífica, son factores que llevan a vacunar al niño o al joven contra los comportamientos agresivos.

Pasando del medio familiar al medio social más amplio, hemos de señalar que este puede reforzar las conductas agresivas, sobre todo en zonas donde la agresividad está valorada positivamente.

Hasta ahora hemos hablado de la influencia de los factores socioculturales. Sin embargo también los hay de tipo orgánico, es decir, atribuibles al propio menor de la agresividad.

Se trata de los mecanismos cerebrales y de los factores hormonales que se ponen en funcionamiento cuando el sujeto experimenta emociones como miedo, excitación o rabia.

Estas emociones pueden producir reacciones disfuncionales cuando se dan a la par de la existencia de disfunciones y lesiones cerebrales.

Además de lo anterior, los problemas de salud y los estados de mala nutrición pueden ser causa de bajos niveles de tolerancia al estrés o a la frustración, aumentando así la posibilidad de desarrollar actitudes agresivas.

También la falta de las habilidades necesarias para el afrontamiento de situaciones estresantes o frustrantes, incluso de las verbales, puede ser desencadenante de comportamientos agresivos.

Ocurre igualmente respecto a las habilidades sociales, cuyo déficit también se relaciona con la violencia y la agresión.


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Modelos de conducta ante situaciones agresivas de los menores

La desobediencia y la agresividad infantiles y juveniles son dos de los problemas que más angustian a los padres porque es difícil afrontar las situaciones que se desencadenan y establecer modelos de conducta que hagan cambiar a quienes presentan tales conductas.

La necesidad de cambio es imperativa porque las actitudes agresivas derivan en conductas antisociales y en fracaso escolar en el caso de los menores y, si hablamos de adultos, en inadaptación y delincuencia.

Las actuaciones a desarrollar pasan por corregir el comportamiento agresivo para que se encauce hacia la asertividad en el comportamiento, es decir, pasan por la socialización de la conducta agresiva.

A finales del s. XIX comenzó la preocupación por el fenómeno de la agresividad de mano de los psicólogos, encabezados por William James. Este autor fue el que identificó la agresividad como un instituto.

Siguiendo su senda, Freud lo calificó de impulso innato. Sin embargo, fue otro psicólogo pionero, esta vez de la esfera conductista, Yale, el que publica un artículo que relacionaba la frustración con la agresión. De esta manera, las primeras posturas, de orden mecanicista o biologicista, fueron superadas por aquellas otras que ven la agresividad como producto de hábitos perjudiciales aprendidos.

Considero el siguiente elenco de medidas interesantes, a afrontar cuando un niño es agresivo. En modo alguno se trata de un numerus clausus y lo son de modo ejemplificativos y que obviamente siempre deberemos analizar caso por caso.

En primer lugar debemos hablar siempre con el menor. Explicarle que las conductas violentas son inadecuadas y sus consecuencias negativas.

En segundo lugar, no debemos exponer a los menores a escenas violentas. Es un hecho, hoy día incuestionable, el que los menores se exponer a diario a multitud de escenas en el que se reproducen peleas, golpes, eliminar al adversario; y estas escenas provienen de multitud de canales y medios como los videojuegos, algunas series animadas de televisión, espectáculos deportivos etc..

Por lo general, los niños no distinguen entre la realidad y la ficción y por consiguiente trataran de reproducir esas situaciones en su vida real.

En tercer lugar debemos tener en cuenta que los niños aprenden por imitación, por consiguiente el ejemplo a seguir siempre será el de los padres. El niño debe ver en sus padres un modelo de afrontar las situaciones dialogando, negociando, pero sin recurrir a la violencia física o verbal. Debemos tener en cuenta que aunque el niño esté distraído con alguna tarea, siempre se percata de lo que hacen y dicen sus padres. Como suele decirse “son esponjas”.

En cuarto lugar y al hilo de lo que venía comentando, los padres deben enseñar a sus hijos que ante cualquier situación a la que se enfrenten deben elegir entre un abanico de posibilidades aquélla conducta más idónea que respete aquéllos principios y valores básicos que le hemos debido de inculcar desde el nacimiento.

En quinto lugar no debemos reforzar las conductas agresivas o desaprobadoras. En ocasiones cuando el niño pega a otro hacemos comentarios del tipo “prefiero que pegue él a que le peguen”. De esta forma estamos aprobando la actitud agresiva de nuestro hijo ante otra situación violenta y como hemos dicho, debemos de enseñar que existe un abanico de posibilidades entre las que se podrían encontrar la de denunciar lo ocurrido a un profesor/a, al tutor/a, a un familiar o incluso a la policía. Siempre trataremos de hacer ver al menor que existe una pirámide de autoridades a las que acudir dependiendo de la gravedad del asunto y de la premura con la que debamos responder y en este sentido también será muy importante el que expliquemos a nuestros hijos la diferencia entre agredir y defenderse.

En sexto lugar, a todos nos gusta que nos elogien o aprueben aquellas conductas o hechos que hemos realizado con acierto. A nadie le amarga un dulce. Cuando nuestro hijo haga alguna cosa o cuando adopte una iniciativa correcta ante una situación cualquiera, debemos elogiarlo y premiar dicha conducta, indicándole que ese es el camino correcto, que así se resuelven los problemas y que estás orgulloso de él.

Por último y de forma antagonista al punto anterior debemos recordar que ante una decisión incorrecta o no adecuada de nuestro hijo ante una situación cualquiera, debemos desaprobarla en el mismo instante. De nada sirve que nuestro hijo pegue a alguien y le digamos que vamos a castigarle el fin de semana. Debe de entender perfectamente que lo que ha hecho está mal y que como hemos dicho al principio las conductas negativas traen consecuencias negativas y al final todo en la vida tiene un precio, los errores también.

Espero que con este artículo que inauguro el ya avanzado 2019 pueda haber contribuido a modo de guía a la orientación educativa de algunos padres y madres que ante la típica pregunta de ¿qué hacer? ante situaciones en las que tengamos un hijo o hija violento o agresivo, podamos en alguna medida seguir un padrón.

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