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La suspensión del plazo para resolver y notificar en el procedimiento administrativo

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPAC) establece en su artículo 22, por un lado, los supuestos en los que con carácter facultativo la Administración “podrá suspender el plazo para resolver y notificar y por otro, con carácter imperativo, “suspenderálos que suspenderán el plazo máximo legal para resolver y notificar.

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DE LA ADMINISTRACIÓN o RÉGIMEN LOCAL AL PODER-GOBIERNO DE LOS ENTES LOCALES. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA

A. North Whitehead dijo que “pensamos en generalidades, pero vivimos en detalles”

En ocasiones conceptuar un término tal como el “municipio” desde una óptica natural o desde una legal puede llevarnos a más de un quebradero de cabeza aunque, prima facie, la cuestión nos parezca baladí, y es que en cuestiones doctrinales y jurisprudenciales los detalles cuentan y mucho. Decía A. North Whitehead que “pensamos en generalidades, pero vivimos en detalles”.

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El expediente administrativo electrónico.Del papel 0 al cuasi 0.

Podríamos decir que la escritura y el papel han ido unidos de la mano desde siempre y que fue en el Antiguo Egipto, con el papiro, donde comenzaron a utilizarse ciertos materiales vegetales como soporte para la escritura.

Probablemente podríamos estar ante uno de los inventos –el papel- del que más ha dependido y depende el ser humano, pues en él se dejaba y se continúa dejando constancia o fe de nuestros actos que nos ha permitido conocer nuestra historia y escribir nuestro presente, sin olvidar que también gracias a dicho invento se efectuaron y se efectúan, los pagos de la mayoría de transacciones que realizamos a diario.

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Requisitos de la indemnización por daños causado por la Administración Pública a tenor de las nuevas disposiciones administrativas

Es posible que a muchos de los lectores de este blog le suene la Ley 30/1992 y el Real Decreto 429/1993. Ambos textos solían utilizarse en general para exigir una eventual responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y en particular cuando los particulares sufrieran una lesión en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que ésta fuese consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; ambos textos fueron derogados con efecto desde el 2 de octubre de 2016 en el que entraron en vigor, por un lado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  (en adelante LPAC) y por otro lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP).

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